La REPÚBLICA ARGENTINA cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Tras más de siete largos y trágicos años de Dictadura Cívico Militar, el 30 de octubre de 1983 nuestro país retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios constitucionales, al ser electo democráticamente el doctor Raúl Ricardo ALFONSÍN como Presidente de la Nación, quien asumió el cargo el día 10 de diciembre de 1983.
El inicio de esa nueva etapa se convirtió en un hito histórico que se celebraría, a partir de entonces, en toda la REPÚBLICA ARGENTINA, como el “Día de la Restauración de la Democracia” que fue declarado por la Ley N° 26.323 en conmemoración de la fecha de recuperación del Estado de Derecho y de la finalización de la última Dictadura Cívico Militar, y con ella, de la violación sistemática de los derechos humanos.
En ese marco, el pueblo argentino también recobró los derechos sociales y políticos y la forma de vida democrática, la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, de participación y la eliminación de la censura.
Con avances y retrocesos, sin duda los 40 años de democracia han contribuido a una mejora sustancial en los derechos políticos, civiles y sociales de las personas, así como en la consagración de nuevos derechos.
El retorno a la democracia se obtuvo gracias al papel desempeñado por una gran parte de la sociedad civil, pero sobre todo por el compromiso de los partidos políticos, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, entre muchos otros actores que articularon una ardua y genuina lucha contra la Dictadura Cívico Militar con el fin de recuperar la democracia tantas veces perdida en el período 1930-1983.
En este sentido, se destaca que son ejes centrales del GOBIERNO NACIONAL la consolidación de la democracia, la reafirmación del Estado de Derecho, el respeto a nuestras instituciones y la protección de la democracia. Se trata de valores que, en la actualidad, resultan relevantes ante diversas acciones deliberadas que buscan la degradación o condicionamiento del Estado y de las políticas públicas de inclusión y ampliación de derechos.
